CORTE CONSTITUCIONAL

 

SALA PLENA

 

Comunicado de Prensa de 12 de julio de 2005

(Leído en julio 13 de 2005)

 

(Parcial)

 

"3. EXPEDIENTE D-5570 - SENTENCIA C-731/05

Magistrado ponente: Dr. Humberto Antonio Sierra Porto

 

3.1. Norma demandada

“LEY 820 DE 2003

(julio 10)

Por la cual se expide el Régimen de Arrendamiento de Vivienda urbana y se dictan otras disposiciones”

ARTÍCULO 12. LUGAR PARA RECIBIR NOTIFICACIONES. En todo contrato de arrendamiento de vivienda urbana, arrendadores, arrendatarios, codeudores y fiadores, deberán indicar en el contrato, la dirección en donde recibirán las notificaciones judiciales y extrajudiciales relacionadas directa o indirectamente con el contrato de arrendamiento.

 La dirección suministrada conservará plena validez para todos los efectos legales, hasta tanto no sea informado a la otra parte del contrato, el cambio de la misma, para lo cual se deberá utilizar el servicio postal autorizado, siendo aplicable en lo pertinente, lo dispuesto en el artículo que regula el procedimiento de pago por consignación extrajudicial. Los arrendadores deberán informar el cambio de dirección a todos los arrendatarios, codeudores o fiadores, mientras que éstos sólo están obligados a reportar el cambio a los arrendadores.

[Las personas a que hizo referencia en el inciso primero del presente artículo no podrán alegar ineficacia o indebida notificación sustancial o procesal].

Tampoco podrá alegarse como nulidad el conocimiento que tenga la contraparte de cualquier otra dirección de habitación o trabajo, diferente a la denunciada en el contrato.

En el evento en que no se reporte ninguna dirección en el contrato o en un momento posterior, se presumirá de derecho que el arrendador deberá ser notificado en el lugar donde recibe el pago del canon y los arrendatarios, codeudores y fiadores en la dirección del inmueble objeto del contrato, sin que sea dable efectuar emplazamientos en los términos del artículo 318 del Código de Procedimiento Civil.”

 

Problema jurídico planteado

La Corte analizó si la presunción de derecho contenida en la disposición acusada, vulnera el derecho al debido proceso (art. 29 CP), la prevalencia del derecho sustancial (art. 228 CP) y el derecho a acceder a la justicia (art. 229 CP), así como el artículo 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos, cuando niega de plano la posibilidad a los arrendadores, arrendatarios, codeudores y fiadores, de demostrar la imposibilidad recibir o de haber recibido la notificación en los lugares presumidos por el legislador.

 

Decisión

Declarar inexequible el último inciso del artículo 12 de la Ley 820 de 2003.

 

Razones de la decisión

De manera preliminar, la Corte constató que no existía cosa juzgada respecto del inciso final del artículo 12 de la Ley 820 de 2003, como quiera que en la sentencia C-670 de 2004, dicho inciso se declara exequible de manera general, pero sin examinar en concreto, el cargo de inconstitucionalidad que se alega en la presente demanda. En esta ocasión, la Corporación subrayó la estrecha conexión que existe entre la notificación personal y la posibilidad de realizar de manera óptima la garantía del derecho al debido proceso. Señaló que ese nexo cobra mayor importancia,  cuando se trata de relaciones contractuales en las que las partes suelen estar situadas en condiciones evidentes de desventaja, bien por su falta de acceso al conocimiento, por su edad o por su situación económica precaria y dependiente. Para la Corte, no se encuentra acreditado de manera plena, el hecho que sirve de base a la presunción contenida en el inciso acusado, como tampoco el nexo entre el hecho conocido – la omisión en señalar una dirección – con la presunción de derecho establecida por el legislador, pues caben  diversas hipótesis y no resulta revelador del hecho desconocido que se pretende demostrar. Por lo tanto, la Corte concluyó que el inciso final del artículo 12 de  la Ley 820 de 2003 restringe de manera desproporcionada y violatoria del debido proceso y los derechos de las partes en el contrato de arrendamiento y por lo mismo, debe ser retirado del ordenamiento jurídico. "