CORTE CONSTITUCIONAL

 

SALA PLENA

 

Comunicado de Prensa de 11 y 12 de septiembre de 2007

 

(Procesado el 13 de septiembre de de 2007)

 

3. EXPEDIENTE D-6692 - SENTENCIA C-720/07

Magistrada ponente: Dra. Catalina Botero Marino

Norma acusada

DECRETO 1355 DE 1970

(agosto 4)

por el cual se dictan normas sobre policía

Libro III

De las contravenciones nacionales de policía

Título Primero

Disposición preliminar

Artículo 192. La retención transitoria consiste en mantener al infractor en una estación o subestación de policía hasta por 24 horas.

Problema jurídico planteado

Le corresponde a la Corte definir en esta oportunidad, si la norma que consagra como una de las medidas a disposición de la policía, la facultad de retener hasta por 24 horas, en una estación o subestación de policía, al infractor de una disposición contravencional, se ajusta a la Constitución y en particular, al artículo 28 superior que consagra entre otras, las garantías de la libertad personal.

 

Decisión

Primero.- Declarar exequible el numeral 8 del artículo 186 del Decreto ley 1355 de 1970.

Segundo.- Declarar inexequible el artículo 192 del Decreto Ley 1355 de 1970 y la expresión “Compete a los comandantes de estación y de subestación aplicar la medida correctiva de retenimiento en el comando” , contenida en el artículo 207 del mismo decreto.

Tercero.- Diferir los efectos de lo resuelto en el ordinal segundo de esta sentencia, hasta el 20 de junio de 2008.

Cuarto.- En todo caso, y hasta tanto el Congreso de la República regule la materia de conformidad con lo resuelto en el ordinal anterior, la retención transitoria sólo podrá aplicarse cuando sea estrictamente necesario y respetando las siguientes garantías constitucionales: i) se deberá rendir inmediatamente informe motivado al Ministerio Público, copia del cual se le entregará inmediatamente al retenido; ii) se le permitirá al retenido comunicarse en todo momento con la persona que pueda asistirlo; iii) el retenido no podrá ser ubicado en el mismo lugar destinado a los capturados por infracción de la ley penal y deberá ser separado en razón de su género; iv) la retención cesará cuando el retenido supere el estado de excitación o embriaguez, o cuando una persona responsable pueda asumir la protección requerida, y en ningún caso podrá superar el plazo de 24 horas; v) los menores deberán ser protegidos de conformidad con el Código de la Infancia y la Adolescencia; vi) los sujetos de especial protección constitucional sólo podrán ser conducidos a lugares donde se atienda a su condición.

Quinto.- Exhortar al Congreso de la República para que, en ejercicio de su potestad de configuración, expida una ley que establezca un nuevo régimen de policía que desarrolle la Constitución.  

Razones de la decisión

Examinada la demanda la Corte encontró que existen en el ordenamiento jurídico otras disposiciones que reproducen parcialmente  el contenido de la disposición demandada, sobre las cuales no existe decisión de  constitucionalidad. Se trata del numeral 8 del artículo 186 del decreto 1355 de 1970 y del encabezado del artículo 207 del mismo Código. En consecuencia, para efectos de poder pronunciar una decisión integral que no resulte inocua, la Corte decidió integrar la unidad normativa con todas las disposiciones mencionadas. Adicionalmente, la Corte verifico la existencia de cosa juzgada constitucional respecto de los numerales 1,2 y 3 del artículo 207 del Código Nacional de Policía. En la presente decisión la Corte se atiene a lo establecido en la mencionada sentencia.

Al estudiar el fondo del asunto, la Corte encontró constitucional que en el ordenamiento jurídico pueda existir una medida denominada “retención transitoria” como medida de protección en situaciones urgentes, tanto para garantizar los derechos de quien se encuentre en estado de embriaguez o de excitación así como de terceros eventualmente afectados. Por tal razón declaró exequible el numeral 8 del artículo 186, en el cual se menciona la “retención transitoria” como una de las medidas que pueden ser utilizadas por la policía en cumplimiento de sus funciones constitucionales. Sin embargo, para la Corte toda afectación de la libertad personal, cualquiera sea la naturaleza de la medida o  la figura jurídica que se emplee con estos efectos, deberá estar sometida a una serie de garantías que se desprenden de la Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos. En primer lugar la medida debe estar sometida al principio de legalidad, esto es, debe estar previamente autorizada por una ley que de manera clara y concreta establezca los supuestos que dan lugar a la limitación del derecho. En segundo término, debe tratarse de una medida necesaria para garantizar una finalidad imperiosa. En otras palabras, si existen medidas menos lesivas para los derechos de los individuos, la autoridad debe preferir siempre su adopción. Adicionalmente, se deben asegurar las garantías constitucionales mínimas, entre ellas, la motivación del acto que da lugar a la privación del derecho, la existencia de un recurso judicial efectivo y la intervención de un agente del ministerio público (Personería municipal o distrital, Defensoría del Pueblo o Procuraduría General de la Nación). De otra parte, a la persona se le deberá informar de inmediato sobre sus derechos y sobre las razones de la retención. Debe adicionalmente respetarse la garantía del sujeto a comunicarse de inmediato con quien considere que puede asistirlo. Adicionalmente, si se trata de una medida de protección, la persona debe ser conducida a un lugar idóneo para brindar dicha protección. No puede ser retenida o encerrada con otras personas que puedan ocasionar riesgos adicionales o con personas capturadas por infracción de la ley penal. Para asegurar una verdadera protección, las personas en estado de grave exaltación o incapacidad transitoria deben permanecer separadas por razón de género mientras superan el estado que dio lugar a la protección. Finalmente, la medida sólo puede permanecer vigente mientras la persona recupera sus facultades, salvo que un adulto responsable la asista, y siempre dentro del límite máximo de 24 horas. Adicionalmente la Corte entendió que las medidas de protección que recaigan sobre menores de edad se rigen por las disposiciones que regulan especialmente la materia (Código de la Infancia y de la Adolescencia). Finalmente, la Corporación concluyó que los sujetos de especial protección constitucional deben ser conducidos a lugares en los cuales efectivamente exista una atención especializada en virtud de sus necesidades específicas.     

 

Al estudiar la norma demandada, tanto en su texto como en el contexto del Código del cual hace parte, la Corte encontró que no lograba satisfacer las garantías constitucionales mínimas exigidas. En efecto, la medida se adopta sin motivación alguna. No existe claridad sobre los derechos y garantías de la persona retenida. No existe previsión legal que ordene que la protección se ofrezca en condiciones dignas y sin que el sujeto sea sometido a encierro que pueda suponer riesgos adicionales. En ninguna parte del Código se menciona la obligación de informar al ministerio público o de permitir que la persona se comunique con quien pueda brindarle asistencia. No se establece que la medida debe ser la última a utilizar, sólo en casos necesarios cuando no exista otra alternativa posible. En fin, se trata de una privación de la libertad que no satisface los estándares mínimos que se exigen para poder afectar este derecho. Por tales razones la Corte declaró la inconstitucionalidad de la norma demandada y del encabezado del artículo 207 del Código de Policía.

 

Al estudiar los efectos de la decisión la Corte encontró que al expulsar a la norma demandada del ordenamiento jurídico la policía quedaría sin facultades para poder proteger en casos urgentes y necesarios a personas puestas en situación de riesgo cuando la única medida posible fuera la retención transitoria. En estas circunstancias, se corre el riesgo de impedir la protección o de impulsar a la policía a calificar como delito en grado de tentativa cualquier conducta del que se encuentra en estado de embriaguez o excitación a fin de poder retener a la persona y evitar la consumación de un daño. Estas dos circunstancias son notoriamente gravosas para los derechos de las personas. Por tal razón, la Corte decidió diferir los efectos de su decisión hasta el 20 de junio del 2008 a fin de que el legislador en ejercicio de su potestad de configuración reglamente adecuadamente la medida objeto de estudio. Sin embargo, hasta dicha fecha, la policía deberá respetar integralmente las garantías constitucionales mínimas de forma tal que el ejercicio de dicha facultad pueda tener amparo constitucional y no dé lugar a retenciones arbitrarias o innecesarias. Por tal razón, la Corte condicionó estrictamente el uso de tal facultad a la satisfacción de las garantías constitucionales mínimas.

 

Finalmente, la Corte pudo constatar que existen múltiples pronunciamientos sobre el Código Nacional de Policía el cual fue expedido hace treinta y siete (37) años mucho antes de que entrara en vigor la constitución de 1991, los cuales hacen aconsejable una revisión integral de dicha norma para ajustarla a los requerimientos constitucionales. Por tal razón, exhortó al Congreso para que en ejercicio de su potestad de configuración adopte una ley que establezca un nuevo régimen de policía en desarrollo de la Constitución.

3.5. La magistrada CATALINA BOTERO MARINO, anunció una aclaración de voto, dado que además de las razones expuestas por la Corte para declarar la inconstitucionalidad de la norma acusada, existen otras de relevancia constitucional, como la relativa a la naturaleza jurídica de la retención transitoria impuesta directamente por autoridad de policía.