CORTE CONSTITUCIONAL

 

SALA PLENA

 

Comunicado de Prensa de 25 de junio de 2008

 

(Procesado el 2 de julio de 2008)

 

 

5. EXPEDIENTE D-6996  - SENTENCIA C-620/08

Magistrada ponente: Dra. Clara Inés Vargas Hernández

 

5.1. Norma acusada

LEY 23 DE 1981

(febrero 18)

Por la cual se dictan normas en materia de ética médica

ARTICULO 63. Créase el Tribunal Nacional de Etica Médica con sede en la Capital de la República, con autoridad para conocer de los procesos disciplinarios ético-profesionales que se presenten por razón del ejercicio de la medicina en Colombia.

ARTICULO 67. En cada Departamento, Intendencia o Comisaría se constituirá un Tribunal Seccional Etico-profesional.

ARTICULO 73. Los Tribunales Etico-Profesionales en ejercicio de las atribuciones que se le confiere mediante la presente ley, cumplen una función pública, pero sus integrantes por el solo hecho de serlo no adquieren el carácter de funcionarios públicos.

ARTICULO 87. En contra de las sanciones consistentes en amonestación privada o censura, únicamente es procedente el recurso de reposición ante el respectivo Tribunal, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.

Problema jurídico planteado

La Corte debe determinar (i) si el legislador puede atribuir a ciertos particulares la función de adelantar juicios éticos relacionados con e ejercicio de la Medicina o si se trata de una función judicial reservada a la organización estatal; y (ii) si en la relación con la sanción de censura es válido que sólo proceda el recurso de reposición o por el contrario debe darse trámite a una segunda instancia.

Decisión

Primero.- Declarar exequibles los artículos 63, 67 y 73 de la Ley 23 de 1981, únicamente por los cargos analizados en esta providencia.

Segundo.- Declarar exequible el aparte demandado del artículo 87 de la Ley 23 de 1981, salvo la expresión “o censura” la cual se declara inexequible.

5.4. Razones de la decisión

El análisis de la Corte parte de que el Tribunal de Etica Médica creado mediante el artículo 63 de la Ley 23 de 1981 tiene fundamento en el artículo 26 de la Constitución Política, según el cual las profesiones legalmente reconocidas pueden organizarse en colegios a los cuales la ley puede asignarles funciones públicas y establecer los debidos controles. Por mandato constitucional, la estructura y el  funcionamiento de tales colegios debe ser democrático, atendiendo a que generalmente representan el interés de un gremio que debe ser organizado y dirigido atendiendo a los principios de participación, pluralismo y transparencia. Entre las funciones públicas que la ley puede asignar a esos colegios está la de adelantar procesos ético profesionales que se confían a tribunales integrados por miembros del mismo gremio. Se trata de una función administrativa de carácter disciplinario, sometida a los principios del debido proceso administrativo consagrados en el artículo 29 de la Carta. De otra parte, el artículo 210 superior establece que los particulares pueden cumplir funciones administrativas en las condiciones que señale la ley, como también el artículo 123 superior prevé que el legislador determinará el régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñen funciones públicas y regulará su ejercicio. Así, el Tribunal Nacional de Etica Médica está integrado con particulares encargados de ejercer la función pública de “disciplinar” a quienes ejercen la medicina cuando incurran en las faltas previstas en la Ley 23 de 1981. Por este hecho sus integrantes no pueden ser considerados funcionarios públicos. Para la Corte, habida cuenta que la función pública asignada a los tribunales de ética médica tanto al nacional como a los seccionales está relacionada con la potestad de adelantar procesos administrativos de naturaleza disciplinaria, encuentra la Sala que el legislador no desconoce lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 116 de la Constitución Política, que se refiere  al ejercicio de función judicial  por particulares en la condición de jurados en causas criminales, conciliadores o árbitros, que no tiene lugar en este caso. De este modo, precisó que la atribución de control disciplinario está orientada a garantizar que la actividad médica sea ejercida atendiendo a criterios éticos y censurar comportamientos reprochables descritos en la ley, en beneficio de los pacientes, de personal subalterno y paramédico, de los colegas médicos, de las entidades e instituciones vinculadas a la prestación de servicios médicos y por ende, a favor del interés general representado por la sociedad, cuyos miembros está potencialmente expuesto a las contingencias propias de la actividad regulada mediante la Ley 23 de 1981. Además, esta potestad disciplinaria contribuye a la salvaguarda del buen nombre, del prestigio profesional y de la responsabilidad de quienes ejercen la medicina. En ese orden, los artículos 63, 67 y 73 de la ley 23 de 1981 fueron declarados exequibles.

En relación con la sanción de censura a la que alude el artículo 87 de la Ley 23 de 1981, la jurisprudencia ha precisado que consiste en la “reprobación que se hace al infractor por la falta cometida”, sin que sea posible establecer el tipo de falta que da origen a la censura, como tampoco cuán grave ha de ser la falta que da lugar a esta clase de sanción. Como quiera que esta sanción compromete los derechos fundamentales al honor y al buen nombre de la persona disciplinada, la cual si bien es cierto que puede acudir a la jurisdicción contencioso administrativa buscando anular la decisión del Tribunal Seccional, no encontrará en este mecanismo una vía eficaz e idónea para la protección de sus derechos. A lo anterior se agrega la discriminación de la cual son objeto las personas sancionadas con censura frente a aquellas a las que se les impone la sanción de suspensión, pues en este último caso, tanto para los odontólogos como para los médicos procede la segunda instancia ante el Tribunal Nacional. En consecuencia, la Corte declaró exequible el artículo 87 de la Ley 23 de 1981, salvo la expresión “o censura”, la cual se declaró inexequible, de modo que el trámite de apelación pueda surtirse ante el Tribunal Nacional de Etica Médica, en los términos previstos en el artículo 88 de la misma ley cuando se impone la sanción de suspensión.