CORTE CONSTITUCIONAL

 

 

SALA PLENA

 

 

Comunicado de Prensa de 27 de febrero de 2008

 

 

(Procesado el 5 de marzo de 2008)

:

 

3. EXPEDIENTE D-6876 - SENTENCIA C-186/08

Magistrado ponente: Dr. Nilson Pinilla Pinilla

 

    1. Norma acusada
    2. LEY 1142 DE 2007

      (junio 28)

      Por medio de la cual se reforman parcialmente las Leyes 906 2004,  599 de 2000 y  600 de 2000 y se adoptan medidas para la prevención y represión de la actividad delictiva de especial impacto para la convivencia y seguridad ciudadana.

       

      ARTÍCULO 47. El artículo  125 de la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal quedará así:

       

      Artículo 125. Deberes y atribuciones especiales. En especial la defensa tendrá los siguientes deberes y atribuciones:

       

      (….) 

       

      9. Buscar, identificar empíricamente, recoger y embalar elementos materiales probatorios y evidencia física; realizar entrevistas y valoraciones que requieran conocimientos especializados por medio de los técnicos e investigadores autorizados por la ley. Para tales efectos las entidades públicas y privadas, además de los particulares, prestarán la colaboración que requieran, sin que puedan oponer reserva, siempre que se acredite por parte del defensor certificado por la Fiscalía General de la Nación, que la información será utilizada para efectos judiciales.

       

      Decisión

      Declarar EXEQUIBLE por el cargo atinente al quebrantamiento del artículo 15 de la Constitución Política, la expresión “sin que puedan oponer reserva” del numeral 9) del artículo 47 de la Ley 1142 de 2007, en el entendido que las autoridades públicas y privadas así como los particulares, no pueden oponer reserva al defensor que ha obtenido la autorización del juez de control de garantías, el cual ponderará si se justifica la afectación de derechos fundamentales.

       

    3. Razones de la decisión

La Corte comenzó por resaltar el papel que en el nuevo esquema procesal penal de tendencia acusatoria, cumplen los sujetos procesales. En cuanto hace a la Fiscalía General, recabó en la reformulación de las funciones originales asignadas por el constituyente, pues como se ha precisado por la jurisprudencia, en adelante debe concentrar sus esfuerzos en investigar y acusar a los presuntos infractores del ordenamiento penal ante el juez de conocimiento, dando lugar a un “juicio público, oral, con inmediación de las pruebas, contradictorio, concentrado y con todas las garantías”, con una acusación que no es vinculante para el juez. Entre las funciones encomendadas a la Fiscalía por la Carta, está la de “asegurar los elementos materiales probatorios”, para lo cual debe garantizar la cadena de custodia hasta tanto de realice la contradicción de esas evidencias y en caso de requerir medidas adicionales que impliquen afectación de derechos fundamentales deberá contar con autorización judicial por parte del juez que ejerza la función del control de garantías. De igual modo, la Corte señaló que en ese escenario, la labor del defensor sufre transformación, aunque conserva su rol tradicional de asistir personalmente al imputado desde el comienzo de la investigación, interponer recursos de ley, interrogar y contra interrogar testigos y peritos en audiencia pública, sin perjuicio de las garantías establecidas directamente a favor del imputado por la Constitución y los tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad. El cambio consistió en que en el nuevo sistema penal acusatorio se fortalece el derecho a la defensa técnica y material, ampliando las atribuciones y facultades de la defensa en la etapa investigativa del proceso penal donde se recaudan los elementos probatorios y evidencia física, que adquieren el carácter de prueba cuando sean sometidos posteriormente a contradicción probatoria en la etapa del juicio.  Como se pudo determinar al revisar los antecedentes legislativos, la norma acusada fue expedida en esa dirección, esto es, la  de fortalecer las posibilidades de la defensa, sin que las entidades públicas, privadas y particulares puedan oponer reserva, cuando solicite la colaboración en el recaudo y embalaje de elementos probatorios. Para la Corte, sin embargo, la prohibición de oponer reserva está formulada  en términos tan amplios que en la práctica puede acarrear que entidades públicas y privadas y los particulares se vean obligados a revelar al defensor toda clase de información, incluyendo aquella que está protegida constitucionalmente, por estar relacionada con el derecho a la intimidad personal o familiar, el ejercicio de las profesiones o referirse a documentos públicos cuyo acceso ha sido restringido por mandato legal sin que para ello medie orden judicial previa en los términos señalados en la Constitución Política. Por tal motivo, ante la eventualidad de que se produzca una intervención indebida de la defensa en los derechos fundamentales de terceros sin orden judicial, actuación que ni siquiera le está permitida al ente investigador (art 250.3 C.P.) y en aras de armonizar los derechos de la defensa, la eficacia del proceso penal y las garantías fundamentales de terceros, sin que resulten sacrificados unos u otros, la Corte realizó una interpretación de la inoponibilidad de la reserva prevista en la disposición demandada, de conformidad con la protección del derecho a la intimidad y la reserva judicial.

3.5. El magistrado JAIME ARAUJO RENTERIA se apartó de esta decisión, toda vez que en su concepto la expresión acusada no contraviene ningún precepto constitucional y por el contrario resulta de un todo acorde con la garantía de defensa plena efectiva en el proceso penal. Por lo tanto, expresó su salvamento de voto.

La magistrada CLARA INES VARGAS HERNANDEZ anunció la presentación de una aclaración de voto, en cuanto estima que no se puede hablar en este caso de total igualdad de los sujetos procesales  en todos y cada una de las etapas y actuaciones que  tienen lugar en el proceso penal, sino que hay que tener en cuenta las diferencias que existen entre la etapa investigativa y el juicio y las funciones que cumplen en el mismo cada uno de lo sujetos procesales y más en lo que tiene que ver con el recaudo y embalaje de los elementos probatorios y evidencia física, de responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación.